“Nada de nosotros sin nosotros es como decir ningún tema de nosotros sin nuestra opinión”, afirmaron los niños y adolescentes que convocaron a sus pares, en trasmisión de radio y televisión del Instituto del Niño y el Adolescente del Uruguay (INAU), a participar en todos los ámbitos sociales posibles en el marco del 30 aniversario de la Convención de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes.
Los niños y adolescentes que participaron en la trasmisión simultánea de radio y televisión de INAU, con motivo del 30º aniversario de la Convención de los Derechos de las Niñas y Niños y Adolescentes, destacaron que en este documento están escritos todos los derechos de los menores de 18 años junto al compromiso de los Estados de garantizar los mismos.
Señalaron que la educación, la salud, la identidad, el conocer y aprender de otras culturas, así como la reinserción social son derechos, al igual que la participación, el ámbito en el que pretenden ser escuchados y tenidos en cuenta. En tal sentido reclamaron más espacios de participación, por ejemplo en los liceos, que las plazas tengan más juegos y que los mismos no sufran roturas, una mejor accesibilidad en las calles o que los negocios tengan más rampas para poder moverse mejor.
También dijeron que muchos niños no saben cuáles son sus derechos porque los mismos no son cumplidos. Convocaron a sus pares a no desaprovechar los espacios de participación, a motivarse y a que no crean que sus opiniones no valen o que deben callarse porque les digan que son niños.
Subrayaron que la participación comienza en la casa de cada uno, al expresar cómo se quieren vestir, qué música quieren escuchar, que les gusta y que no o que quieren comer. Destacaron la diferencia entre ser escuchado y ser tenido en cuenta: la primera opción es que nos oyen, pero la segunda está vinculada a tomar acciones sobre nuestras propuestas.
La Convención sobre los Derechos del Niño (CDN) es el primer tratado vinculante en relación con los derechos de este grupo social. Su surgimiento implicó un cambio de paradigma que abandonó la concepción de que los niños y los adolescentes son solamente objeto de protección para reconocerlos como sujetos de derecho.
A partir de su aprobación, los Estados firmantes se transforman en los principales garantes del cumplimiento de este documento, por lo que están obligados a promover normativas y políticas públicas con este fin, así como apoyar a las familias y comunidades con herramientas necesarias para ejercer su rol de cuidado. También deben asegurar la participación de los niños y adolescentes en los procesos que los involucran directamente y generar los instrumentos que les permitan conocer sus derechos y que los habiliten a poder defenderlos.
En las últimas décadas se identificaron importantes avances en el acceso a la educación inicial, la universalización de la educación primaria, la reducción en los índices de mortalidad infantil, la mejora de la calidad de los servicios de salud y el aumento de su cobertura, entre otros aspectos que se relacionan con la integridad física y el desarrollo psicosocial de niños, niñas y adolescentes.
Si bien existen múltiples marcos normativos y mecanismos de denuncia, la violencia ejercida hacia niños y adolescentes sigue siendo un fenómeno invisibilizado, incluso naturalizado en ciertas prácticas cotidianas. Según los datos del Sistema Integral de Protección a la Infancia y a la Adolescencia contra la Violencia (SIPIAV), en 2018 se recibieron 11 denuncias diarias de situaciones de violencia.
