La diputada por el Partido Nacional Alexandra Inzaurralde hizo un proyecto de resolución que elevó al ámbito legislativo para que el Poder Ejecutivo decrete la esencialidad de la alimentación escolar durante el paro de todos los sectores de la educación el próximo 15 de junio.
“Declárense servicios esenciales a cargo del Consejo Directivo Central (Codicen) de la Anep el suministro, distribución, elaboración y entrega de los servicios de comedores, así como los servicios de apoyo, conexos o complementarios, ya sean público o privados imprescindibles para el cumplimiento de dichas actividades”, señala el primer artículo del proyecto, que fue consignado por el diario El País y El Observador.
Además, el proyecto de resolución señala que el servicio esencial referido debe ser prestado bajo el “control, dirección y responsabilidad” del personal jerárquico que determine la Anep. El documento plantea también que tendrá vigencia durante el desarrollo del paro y que finalizará cuando se dé la “plena normalización de todas las actividades en todo el país”.
Exposición de motivos
La legisladora en su exposición de motivos asegura que “sería miope” no conocer que hay un sector de la población que aún no logró salir de la crisis de años atrás, pese a que han sido objetivo de “políticas sociales focalizadas, habiéndose duplicado los recursos económicos destinados a paliar sus necesidades”.
“Reconociendo esta realidad, las medidas especialmente previstas para los más vulnerables de nuestra sociedad, si bien se implementaron en el marco de la emergencia sanitaria, se mantienen y proyectan con el mismo énfasis hasta la actualidad, gracias al cuidadoso manejo de los recursos públicos, que las ha hecho sostenibles garantizando su continuidad”, indica.
Con este proyecto, la representante pretende garantizar el “derecho básico de alimentación” de los niños del país, “especialmente aquellos pertenecientes a los sectores menos favorecidos” de la sociedad, que son los que reciben alimentos de los diversos merenderos existentes.
“Cabe subrayar que durante todo el año 2021, aún sin presencialidad continua y universal, se mantuvo el sistema de alimentación gratuita para esos miles de estudiantes. Y por primera vez en la historia, por segundo año consecutivo se atendió en el marco de la emergencia sanitaria, la alimentación en los periodos de vacaciones de todos los niños que eran usuarios de los servicios de alimentación de la educación pública. En tal sentido se destinaron $500 millones de pesos adicionales a estos efectos atendiendo a más de 180.000 niños en todo el país”, sostiene.
Finalmente, la integrante de la Cámara Baja expresa que “constituiría un precedente” que, lejos de limitar el ejercicio legítimo de los derechos de los trabajadores, se reivindicaría cona una “dosis extra” de legitimidad por “anteponer el interés superior al de los niños más desvalidos”.
“Seguramente, los buenos y vocacionales docentes de la educación pública, que son la enorme mayoría, lo van a comprender y a compartir”, concluye.
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