El Sistema de Respuesta al Cambio Climático desarrolla planes nacionales de adaptación (denominados NAP por su sigla en inglés), dirigidos a evaluar los efectos adversos del clima en ciudades e infraestructuras, costas y producción agropecuaria. Para 2025 también desarrollará planes que evaluarán los efectos del cambio climático a nivel de la generación de la energía y la salud.
Ignacio Lorenzo es director de Cambio Climático del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente y también preside el grupo de coordinación del Sistema Nacional de Respuesta al Cambio Climático. Informó a la Secretaría de Comunicación que el plan NAP Ciudades tiene como prioridad atender las necesidades de las personas más vulnerables que, generalmente, son las que habitan en áreas urbanas de ocupación informal y que están más expuestas a efectos adversos, como, por ejemplo, las inundaciones. En esa línea, este plan se desarrollará durante tres años con la meta de relocalizar a unas 3.000 familias de aquí a 2025.
El 93,4 % de la población nacional vive en ciudades donde los efectos del cambio climático provocan variaciones en la temperatura media y extrema, aumento en la frecuencia e intensidad de las inundaciones por crecidas de ríos y arroyos, desbordes pluviales o sudestadas, vientos intensos, ciclones, tornados, entre otros impactos.
Para ello, NAP Ciudades cuenta con 2.735.615 dólares donados por el Fondo Verde para el Clima para analizar las vulnerabilidades de las viviendas e infraestructuras y generar un diagnóstico que permita entender mejor qué tan bien están preparadas las ciudades ante el cambio climático. Este plan se realiza en las ciudades del interior del país con riesgo de inundación, como Artigas, Paysandú, Salto, Durazno y Treinta y Tres, aunque también se lleva adelante acciones en el resto de los departamentos.
Lorenzo explicó que tras el análisis de inundaciones se diseñarán mapas de riesgo en donde se identifiquen zonas urbanas más afectadas y con poblaciones más comprometidas. En esas áreas, si no están ocupadas, se procederá a prohibir su ocupación y, en las que están ocupadas, se generará un proceso de relocalización, con acompañamiento de las familias que allí residen, a las que se les brindará nuevas viviendas en áreas no inundables. Aclaró que en esos espacios se generarán parques o espacios compatibles con la inundación y que prevengan que esa zona sea ocupada nuevamente.
Agregó que, en el caso de viviendas que estén en zonas de riesgo medio, que se inundan con menos frecuencia, se generará un paquete de acciones que permitan adaptarlas mediante la modificación de su sistema eléctrico, drenaje y desagüe, para que puedan resistir mejor una inundación, con menos impacto y con bajo costo de reconstrucción. Los propietarios de este tipo de viviendas podrán acceder a un préstamo subsidiado por los gobiernos departamentales.
