La libertad de información y la libertad de opinión—de las que la libertad de prensa, es una manifestación particular y fundamental—son de la esencia de la libertad.
Se sabe que sin libertad no hay democracia, tampoco puede existir sin la libertad de información y de opinión, y, por lo tanto sin la libertad de prensa.
Resulta inimaginable una sociedad que sea libre o que aspire a serlo, si su organización no se apoya en la que ha sido denominada la libertad de las libertades: la libertad de expresión del pensamiento.
Nuestro régimen constitucional y legal sobre libertad de prensa, en consonancia con principios de aplicación universal en los sistemas democráticos, no admite en circunstancias de normal vigencia de las garantías individuales, ni censura previa, ni, por consiguiente ninguna forma de reglamentación de lo que está permitido difundir, o como disponer de los espacios, tanto en publicaciones escritas como en radio y tv, quedando limitado el radio de acción jurídicamente admitido, a la posibilidad de hacer efectivas las responsabilidades penales y civiles por el abuso de la libertad de escribir.
En estos días se ha conocido el informe anual de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), donde por primera vez desde que Uruguay recuperó la democracia, figura junto con Bolivia y Cosa Rica, en una denuncia que afecta funcionamiento de los medios. Se trata de la imposición de la propaganda gubernamental en los medios de información.
Una ley aprobada por los votos del Frente Amplio, obliga a las radios y televisoras, a pasar todos los días durante 15 minutos, en forma gratuita y en horario indicado—siempre en horas pico—campañas de bien público, sobre temas relacionados con salud, educación, convivencia, niñez o violencia doméstica, que si bien son temas importantes; se cuestiona que es el Poder Ejecutivo el que decreta que es una campaña de orden público y como difundirla.
Más allá de lo que implica para los medios desde el punto de vista económico, 15 minutos gratis todos los días, en el horario que le marca el Estado, la medida se presta para que, sutilmente, se utilice como mero instrumento de propaganda.
Se suma, además, el sistema de las cadenas nacionales, que son obligación de difundir por todos los medios, también de forma gratuita. Se hace mención en este informe de la SIP, que si bien Uruguay cuenta desde el 2008, con una Ley de Derecho a la Información Pública a diferencia de muchos países que carecen de esta normativa, no se cumple plenamente.
Cada vez es más usual que el Gobierno declare reservados los contenidos exigidos o que simplemente no conteste y haya que recurrir a la justicia.
En el Uruguay desde 2015, se presentaron 210 casos que fueron denegados a los ciudadanos y la tendencia sigue en aumento. Tenemos que destacar que la libertad de prensa en nuestro país tiene total vigencia, pero estos temas integrados en el reciente informe de la SIP ponen una nota de alerta.
Nada ni nadie podrá reemplazar ni sustituir nunca la función informativa que corresponde a la prensa en democracia. Si se perciben debilidades en la función de los medios de información, no faltaran quienes pretendan manipularla y utilizarla para el logro de sus propios fines.
