El gran desafío para el abordaje desinstitucionalizado del paciente es multiplicar las estructuras de estadía transitoria, hogares de medio camino, según explicó el ministro Jorge Basso en alusión a las acciones proyectadas a 2025, cuando se prevé que ya no existan las colonias psiquiátricas, como dispone la nueva Ley de Salud Mental. El proceso de reglamentación de esa norma está avanzando, agregó.
Consultado por medios periodísticos, Basso informó sobre el proceso de reglamentación de la Ley de Salud Mental, en curso. “Se trabajó intensamente con toda la sociedad en su elaboración, con la academia, con organizaciones sociales, con el Instituto Nacional de Derechos Humanos y con legisladores de todos los partidos”, indicó el ministro de Salud Pública. “Se cambió una norma que databa de 1936 y de 1948, algo muy significativo”, complementó.
El jerarca explicó que esa transformación es importante para la atención, con un enfoque intersectorial para un cambio que implica tender hacia la eliminación, en 2025, de las colonias psiquiátricas, donde unas 700 personas aún permanecen internadas. Para ello, la primera medida fue prohibir nuevos ingresos, a fin de reducir esta cifra.
El objetivo es concretar alternativas contempladas por la ley acerca de las cuales hay experiencias consideradas positivas. Eso incluye a los hogares de medio camino, instituciones que en algunos casos enfatizan la atención psiquiátrica y en otros, la social; en función de la complejidad de cada paciente. “El gran desafío que tenemos para el abordaje desinstitucionalizado es multiplicar esas estructuras”, apuntó.
Según indicó, se procura que, cuando se requiera que la internación sea lo más breve posible, esta se concrete en hospitales generales, no en sanatorios monovalentes. Eso es lo que se promueve en el mundo, con un abordaje en el primer nivel de atención a fin de evitar la sobreutilización de especialistas cuando son escasos, como por ejemplo, ocurre al norte del río Negro, puntualizó.
También mencionó que decretos reglamentarios y ordenanzas permiten flexibilidad. “Ya funciona una amplia comisión de contralor que releva las estructuras existentes para un panorama lo más ajustado posible de la realidad, controlando el funcionamiento, que se respeten los derechos humanos, que no haya situaciones que requieran su cierre, cosa que se hizo”, agregó.
Además se refirió a la existencia de reglamentación relacionada con el componente intersectorial. En paralelo, recordó que se trabaja en otra ordenanza respecto a los dispositivos citados, que se incorporarán al sector público y al privado, mediante convenios de complementación.
