Daniel Espinosa, secretario nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo (Senaclaft), sostuvo que este convenio se enmarca en la estrategia adoptada en 2017, para avanzar en sectores aún no muy regulados en cuanto al riesgo de lavado de activos.
El sector de organizaciones sin fines de lucro en general fue incorporado por ser visualizado como vulnerable.
“Dentro de ese sector está el deportivo, a nivel internacional se entiende que presenta mayores riesgos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Por eso, nos interesaba mucho poder contar con la Secretaría Nacional del Deporte, y avanzar en difundir la normativa, conocer los riesgos del sector y aplicar mecanismos adecuados para mitigar los riesgos que existan en este tipo de sectores” afirmó.
Por su parte, Fernando Cáceres destacó la importancia de la colaboración interinstitucional, que consideró imprescindible para el buen funcionamiento del Gobierno, en particular respecto al desarrollo de políticas de formalización y fortalecimiento institucional, así como en lo referido a las condiciones de transparencia económica y financiera de las entidades deportivas.
“Desde hace años las entidades deportivas profesionales desarrollan una actividad económico financiera intensa con manejo de volúmenes muy significativos de dinero, que no poseen la regulación necesaria ni sistemas de contralor suficientes”, afirmó.
“En este sentido, el decreto 286, de setiembre de 2017, estableció que los clubes deportivos deben registrar ante la Secretaría Nacional de Deportes una declaración jurada por cada transferencia onerosa de deportistas y presentar el balance de la institución después de su aprobación por asamblea", agregó.
Para concluir, expresó: Si bien se ha contado con la colaboración de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF), al día de hoy son 16 los clubes que han incumplido los términos del decreto. A partir de mañana, se intimará a estos clubes y, si en un plazo de 10 días persistiera la irregularidad, se procedería a entregar la información a la Secretaría Antilavado, como lo prevé tanto el decreto presidencial como el convenio firmado en el día de hoy.
