“No es este el lugar de discutir la pena de muerte. Cuando ha existido de humano, de ilustrado y de filósofo, ha levantado contra ella la voz de la justicia; y si todavía no se ha uniformado la opinión respecto de su abolición absoluta, se ha llegado a convenir unánimemente en que no debe usarse sino para muy raros y determinados casos. Aplicarla a delitos políticos como medio de prevenir las revoluciones, es un absurdo y el profundo y político Míster Guizot, no solo le niega toda virtud sino también manifiesta que es perjudicial a los mismos que la emplean”. Juan Antonio Lavalleja.
El Uruguay puede y debe sentir profundo orgullo de haber suprimido la pena de muerte, en tiempos cuando no se habían atrevido a decretar su abolición, naciones que estaban a la cabeza de la civilización. Los nombres de Pedro Figari, abanderado de la intensa campaña que precedió su eliminación, del Presidente Batlle y Ordoñez y de su Ministro Claudio Williman, firmantes del proyecto de ley promulgado finalmente el 23 de setiembre de 1907, que ha quedado incorporado como uno de los hitos más importantes, que integran a un país de profundidad democrática, valioso tesoro que debe ser celosamente custodiado.
Sin duda que la prédica contra la pena de muerte configura una de las más honrosas tradiciones nacionales. Ya en los albores de nuestra vida constitucional y antes del elocuente pronunciamiento de Lavalleja, la historia dice que el Padre Larrañaga, presentó en el Senado un proyecto de abolición de esta pena, fundado en claras y firmes convicciones liberales y humanitarias.
La Ley del 23 de setiembre de 1907, es la Nro. 3238 y en su artículo 1ro. señala: “ Queda abolida la pena de muerte que establece el Código Penal. Queda igualmente abolida la pena de muerte que establece el Código Militar”.
La pena de muerte fue aplicada desde la época de la colonización española en el actual territorio del Uruguay. La forma habitual para ejecutarla era el uso de la horca y fusilamiento para delitos militares o políticos. El Gobernador de Montevideo Agustín de la Rosa, tuvo la iniciativa en 1764 de hacer levantar una horca en la plaza actualmente llamada “Constitución”, para “afianzar la quietud de la población y atemorizar a la gente inquieta”.
En forma ocasional y cuando se trataba de criminales de raza blanca, la pena de muerte se ejecutaba con el mecanismo conocido como “garrote vil”. En las cárceles la ejecución se cumplía a la vista del público asistente y de los reclusos.
Aún hoy hay muchos países donde rige la pena de muerte, como castigo a delitos realizados. En otros se persigue y se asesina por motivos políticos. El sentido de la Historia es único y aquellos que marchan a contramano del mismo, asumiendo el rol de fiscales sin tener los valores éticos y morales para ello, están expuestos a ser severamente juzgados y condenados por la comunidad internacional.
