El presidente de la República, Luis Lacalle Pou, participó en el Día Nacional de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (Mipymes), sector compuesto por 189.000 firmas que comprenden el 67% de las fuentes laborales del país.
Las autoridades recordaron las medidas especiales para sostener el empleo y la liquidez en el sector, incluidos los 350 millones de dólares en créditos respaldados por el Sistema Nacional de Garantías.
El mandatario estuvo acompañado por su esposa, Lorena Ponce de León, y la vicepresidenta de la República, Beatriz Argimón. Integraron la mesa principal los ministros de Ganadería, Agricultura y Pesca, Carlos María Uriarte, y de Turismo, Germán Cardoso. La ceremonia se realizó este 13 de agosto en el salón de actos de la Torre Ejecutiva.
La parte oratoria correspondió al ministro de Industria, Energía y Minería, Omar Paganini, a la titular de Economía y Finanzas, Azucena Arbeleche, y a la presidenta de la Agencia Nacional de Desarrollo (ANDE), Carmen Sánchez. Además, concurrieron el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Pablo Mieres, y el subdirector de la Oficina y Planeamiento y Presupuesto, Carlos Falero, así como representantes de las cámaras empresariales, trabajadores y público en general.
Paganini destacó la participación de las mipymes en las exportaciones de los rubros software y forestal, en especial las gestionadas por jóvenes. También mencionó a las que incorporan altos estándares tecnológicos y preocupación por la sostenibilidad ambiental y social de los sectores servicios, salud y turismo.
Por su parte, Arbeleche recordó el plan para apoyar a estas empresas con medidas económicas presentadas al inicio de la emergencia sanitaria, que incluyó un subsidio para los monotributistas del Ministerio de Desarrollo Social (Mides), asistencia financiera a los monotributistas en general y a las pequeñas empresas y el aplazamiento de aportes al Banco de Previsión Social. Asimismo se refirió a la definición del Gobierno para adoptar medidas que mantengan las cadenas de pago.
Se dispuso de líneas de crédito por 2.500 millones de dólares respaldadas por el Sistema Nacional de Garantías (SIGA), que otorgó 350 millones de dólares hasta el momento. Esta semana se aprobó que estos préstamos también estén disponibles para empresas medianas, informó. Además, citó el seguro de desempleo parcial y el seguro por enfermedad para las personas mayores de 65 años.
A partir de la aprobación de la ley de urgente consideración, desde 2021 serán aplicadas modificaciones en la tributación y los aportes a la seguridad social, en las unidades reguladoras y las empresas públicas. Estas últimas mejorarán las tarifas públicas para todas las firmas, adelantó Arbeleche.
La ministra aseguró que también se prevén cambios en el proyecto de ley de presupuesto que mejoren la competitividad de las pequeñas empresas exportadoras. Se trabajará en una ventanilla única y en reducir los costos de las firmas con inflación dentro de rangos que fije la autoridad monetaria y cuentas fiscales sostenibles.
En cuatro meses, la ANDE otorgó 42.000 créditos por 30 millones de dólares
Por su parte, Sánchez informó que 189.000 pequeñas empresas representan el 67% del empleo en el sector privado. Las pequeñas y medianas son las más vulnerables ante una crisis, consideró. En el marco de la pandemia de COVID-19, la ANDE creó una red con 70 instituciones participantes, que activó un fondo apoyado por el Congreso de Intendentes y la Unión Europea para que los Gobiernos departamentales y municipales presenten iniciativas de reactivación junto con el sector privado.
Para la promoción del emprendimiento, se desarrolla un programa de capital semilla, como se denomina a los respaldos a nuevos proyectos. Hasta el momento se han aprobado 227, de los cuales 98 culminaron su ejecución y el resto se sigue implementando. Este programa generó 450 empleos permanentes, destacó la jerarca.
La línea de emergencia del SIGA garantizó hasta el momento 10.000 créditos por casi 350 millones de dólares, con una colocación del 65%, suma que iguala lo otorgado en 10 años de funcionamiento. Mediante los programas de crédito dirigido y por cese de actividad se aprobaron 42.000 solicitudes por 30 millones de dólares, el 74% de lo colocado por la agencia desde 2016.
Sánchez subrayó que hay un compromiso de austeridad “para que cada peso invertido por las mipymes llegue a las mismas y no se diluya en intermediarios, lo que requiere mucha coordinación para no tener superposición e ineficiencia. Adelantó que se formará un observatorio que sistematice la evolución de estas firmas, junto con el Instituto Nacional de Estadística (INE), que desarrollará indicadores demográficos y estructurales para utilizar la información y generar nueva.
También mencionó las ventajas de los artículos 227 y 228 de la ley de urgente consideración, ya que las empresas que adhieran al literal E de facturación electrónica podrán tributar en función de sus ventas, en vez de pagar un monto fijo independientemente de lo que facturen, como en la actualidad.
Luego de destacar la infraestructura digital del país, recordó que su adopción por las firmas presenta desafíos. El 38% de las mipymes declaró no acceder a computadora o laptop, el 48% no tener celulares con fines empresariales y el 62% no contar con programas informáticos para tareas administrativas. Además, solo el 3% de las microempresas, el 6% de las pequeñas y el 10% de las medianas desarrollan alguna actividad exportadora.
De acuerdo con datos del BPS, entre febrero y junio cerraron 7.000 firmas con menos de 100 empleados, de las cuales el 60% eran unipersonales. Además, se perdieron 40.000 puestos de trabajo, sobre todo en industria y comercio, alojamiento y servicios de comida. Para su recuperación, la mejora de la competitividad es sustancial a fin de acortar las brechas con los países más desarrollados, aseveró.
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