El viernes 26 de marzo, la Fiscalía Penal de Montevideo de Delitos Sexuales, Violencia Doméstica y Violencia basada en Género de 2º turno, a cargo del fiscal Raúl Iglesias, logró como resultado de un juicio oral la condena de un hombre como autor penalmente responsable de un delito de homicidio muy especialmente agravado por femicidio en concurso formal con un delito de porte y tenencia de arma de fuego, a la pena de veintrés años de penitenciaría de cumplimiento efectivo.
Además, de acuerdo al artículo 80 de la Ley 19.580, se condenó al acusado a reparar patrimonialmente a las víctimas con la suma equivalente a doce salarios mínimos.En cuanto a los hechos, el acusado N.F. mantenía una relación afectiva con la víctima desde hacía más de 10 años y convivían desde hacía dos años en una finca lindera a la del hijo y la nuera de la víctima.El 22 de octubre de 2018, luego de una discusión con rotura de objetos y desorden en la vivienda, N.F. tomó un arma de fuego y dio muerte a su pareja.
Luego llamó a su vecino y le pidió que le avisara a la nuera de la víctima, quien llamó a la policía.Al llegar los agentes policiales el acusado les dijo que había matado a su mujer, se dirigió al ropero de donde extrajo el arma y se las entregó.
En la investigación se pudo comprobar que la muerte de la víctima fue precedida de reiterados incidentes de violencia psicológica o emocional por parte del acusado que fueron aumentando en esos últimos meses previos al desenlace fatal. M.F. perturbaba y degradaba a la víctima, mediante la intimidación con amenazas hacia ella y miembros de su familia, humillación con insultos relativos a su condición física, en algunas ocasiones la aislaba y pretendía decidir sobre sus decisiones y comportamiento, principalmente, en lo que refiere a su relación con su nieto, impidiendo que ésta lo ayudara en forma económica y lo alimentara.
A criterio de la jueza Diovanet Olivera, la Fiscalía logró probar la responsabilidad del acusado en los hechos con las siguientes evidencias: pruebas testimoniales (de los funcionarios policiales actuantes y familiares y allegados a la víctima), pruebas periciales (pericia médico forense, pericia balística forense y pericia psicológica al acusado, entre otras), pruebas documentales y pruebas materiales.
FUENTE: FISCALÍA URUGUAY
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