El 21 de junio, a la hora 12:00, denunciaron a través del 911, que en una casa de la ciudad de Sarandí del Yí se estaba suscitando un problema familiar.
Como corolario de las actuaciones policiales y fiscales, ordenaron medidas para una de las partes involucradas: retirar del hogar al denunciado, la incautación de armas de fuego y la prohibición de todo tipo de comunicación y acercamiento del denunciado con la víctima en un radio de 500 metros.
Esas medidas fueron dispuestas por 180 días, bajo apercibimiento de incurrir en el delito de desacato.
Con el paso de los días las actuaciones y averiguaciones dejaron al descubierto el incumplimiento, por lo que, la autoridad judicial resolvió la formalización del denunciado "por la presunta comisión de un delito de desacato, en calidad de autor".
Asimismo, dispuso por decreto Nº1006/2021, lo indicado por el 221 del CPP y a los efectos establecidos, la imposición de varias medidas para el implicado, por 90 días: deber de fijar domicilio, prohibición de salir del país, retención de documentos de viaje y prohibición de contacto y acercamiento con la víctima.
