INAU incrementa presencia en territorio ante aumento de casos de violencia intrafamiliar

En ese sentido, la coordinadora nacional de Sipiav, María Elena Mizrahi, informó que esas actuaciones fueron antecedidas de 2.559 casos en 2020 y 3.688 en 2019, también registrados en los primeros seis meses.

La discriminación por tramos etarios en el período enero-junio de este año mostró que un 38% de los casos se dio en el grupo de entre 13 y 17 años; 36%, de entre 6 y 12 años; 12%, de 18 años y más; 8%, de 4 y 5 años, y 6%, de hasta 3 años. Los tipos de violencia constatados evidenciaron un 34% de maltrato emocional; un 24%, de negligencia; un 22%, de abuso sexual; un 18%, de maltrato físico, y un 2%, de explotación sexual.

“En Uruguay, el problema social de la violencia hacia niños, niñas, adolescentes y mujeres continúa siendo grave y representa una de las formas más extremas de vulneración de derechos”, sostuvo Mizrahi. “Esta violencia se ha perpetuado y tolerado como resultado de inequidades históricas, culturales y estructurales arregladas en las relaciones sociales en los ámbitos socioculturales, económicos y políticos”, afirmó.

“Estamos frente a un crecimiento sistemático que nos debe llevar a actuar”, expresó Abdala. En ese sentido, afirmó que el instituto que preside se encuentra abocado a la tarea de expandir su presencia en territorio a través de los centros de atención a la infancia y la familia (CAIF), la apertura de nuevos clubes de niños y entidades de carácter comunitario. A esto debe sumarse el ingreso, aún en proceso, de 350 profesionales, entre educadores, asistentes sociales y psicólogos, de los cuales ya lo hicieron 110. El jerarca dijo que esto contribuirá a incrementar la presencia del Estado y la sociedad civil en territorio y posibilitará advertir situaciones de este tipo.

En los casos de violencia hacia niños y adolescentes, incidió la pandemia de COVID-19, aunque se trata de una realidad de larga data, advirtió. Explicó que, cuando debió interrumpirse la actividad de los CAIF por la crisis sanitaria, se generó un escenario de necesario aislamiento, con mayor permanencia de este segmento de la sociedad en sus casas, lo que pudo haber generado mayor violencia familiar.

Para la atención a los niños y adolescentes que hayan sido testigos de femicidios, manifestó Abdala, existe un convenio con la Fiscalía General de la Nación y la Facultad de Psicología, a partir del cual se elaboran guías y protocolos de actuación. Estos chicos “son víctimas cuando acontecen los hechos y, a partir de allí, se inicia un proceso con ellos que debe continuar con el reingreso al sistema educativo”, expresó.