La libertad de información y la libertad de opinión -de las que la libertad de prensa es una manifestación particular pero fundamental- son de la esencia de la libertad. Y como sin libertad no existe la democracia, tampoco puede haberla sin la libertad de información y de opinión y por ende, sin la libertad de prensa y la protección de los periodistas.
En tiempos de lamentables irregularidades democráticas en este país, la función del periodismo fue difícil, y quienes vivimos la experiencia, conocemos bien cómo era el escenario donde desempeñábamos nuestro trabajo y el latente riesgo que corríamos por el manejo de la información.
En estos tiempos la labor del periodista en muchas partes del mundo es de elevado riesgo, tanto de cárcel como de perder la vida.
Seguramente ha sido por eso, que con gran visión, en este Uruguay se ha asociado el homenaje a la profesión con la personalidad de un periodista, en quien admirablemente, se conjugaron las más de las virtudes con los menos de los defectos en el ejercicio de la profesión. Nos referimos a José Enrique Rodó.
El deber y obligación de todo periodista con ética y ajustado a la verdad, es hacer reconocer la importancia y necesidad que tienen los ciudadanos al acceso de una libre y eficiente información, que auspicie un mejor conocimiento y por lo tanto una más amplia comprensión universal de los problemas que aquejan a los pueblos.
El pasado año la Organización no Gubernamental Reporteros sin Fronteras elaboró un informe sobre la libertad de prensa, que según esta clasificación Uruguay ocupaba el primer lugar en América del Sur. La clasificación se cumplió en base a 87 indicadores, entre ellos: pluralismo, independencia de los medios, ambiente y autocensura, marco legal, transparencia e infraestructura y agresiones contra los periodistas.
Seguramente en función de los recientes hechos del allanamiento a una emisora de radio y la posibilidad de que también fuera allanado el domicilio de un periodista, hemos puesto una mancha no deseada en el funcionamiento democrático del país. El pueblo uruguayo no se merece esto.
Resulta difícil aceptar que se desconozca la vigencia de la Ley 16.099, que establece la protección de la fuente de información del periodista.
Tan irregulares han sido los procedimientos que la Asociación de Abogados Penalistas del Uruguay emitió un comunicado con críticas a las decisiones judiciales, destacando que “las medidas dispuestas constituyen una amenaza inadmisible para la actividad periodística”. Agregaron que “las fuentes de información de la prensa desaparecerán si se intenta legitimar medidas como las dispuestas”.
