El expresidente colorado Julio María Sanguinetti entró sonriente a la pequeña sala de conferencias de la residencia presidencial de Suárez y Reyes, y fue así el primer vocero de la coalición de gobierno en anunciar ayer lo que ya puede interpretarse como el inicio formal del proceso de discusión de la reforma del sistema previsional.
Hasta hacía minutos, y luego de un encuentro que duró más de dos horas, los líderes del oficialismo habían estado escuchando la detallada exposición de Rodolfo Saldain sobre los puntos claves de la reforma de todo el sistema jubilatorio, cuya solvencia es insostenible a mediano plazo -pese a tener un diseño que genera reconocimientos en la región, tal como dijo el ministro de Trabajo, Pablo Mieres.
“Hay una voluntad expresada de la coalición para avanzar en la reforma. Lo sentimos como un deber de todo el sistema político”, dijo Sanguinetti ante la prensa, al resumir la intención del gobierno: empujar esta iniciativa cueste lo que cueste, en el entendido de que se sigue un “mandato ético” que no puede detenerse a evaluar costos políticos, aunque haya dirigentes oficialistas que ya se hayan referido a esto.
Lo que se inicia ahora, entonces, es una etapa de negociación interna dentro de la coalición de gobierno -los partidos se tomarán en el entorno de un mes para analizar la propuesta-, y se asume como muy probable que surgirán algunas diferencias entre los socios, las que implicaría sumar nuevos aportes al texto base.
De cualquier forma, el presidente Luis Lacalle Pou ya transmitió algunos mensajes a sus socios, según supo El País. Insistió en la necesidad de convencer a la sociedad sobre la importancia de esta reforma, y que la coalición no se divida en esa tarea. Para ello, además de destacar “los beneficios” de la transformación -que apuntará, según el gobierno, a resolver gran parte de las iniquidades del sistema actual- el presidente hizo hincapié en señalar que la reforma tendrá como característica principal la aplicación paulatina y gradual. “No habrá ningún cambio drástico”, destacó a El País uno de los participantes del encuentro.
En efecto, el período de transición será de 20 años, y la normativa comenzaría a aplicarse cinco años después de entrar en vigencia, o sea durante la próxima administración.
¿A quiénes comprenderán las generales de esta ley? Básicamente a todos los trabajadores -incluyendo a los militares, y a excepción de los del área de la construcción y el mundo rural. Pero comenzará a afectar -siempre en una transición gradual- a los nacidos en 1967, quienes se retirarían a los 61 años -y con 30 años de trabajo. Los nacidos en 1968 lo harían con 62, y así hasta llegar a los 65 años con los que se deberían retirar los nacidos en 1971 y quienes le sigan. Esto implicará, según explicó ayer Saldain -redactor de la propuesta- en entrevista con Telemundo (Canal 12), “una transición que en materia de edades va a durar aproximadamente una década”.
Todo esto es así -señalaron a El País fuentes que participaron del encuentro- en el trazo grueso, porque para cada caso particular habrá que combinar una serie de variables y parámetros para definir exactamente las condiciones de la jubilación.
Por lo demás, el mensaje que trasladaron los referentes partidarios a los medios consistió en destacar algunos ejes fundamentales. Pablo Mieres (Partido Independiente), por ejemplo, hizo girar su discurso en torno a la idea de que toda la reforma apuntará a una “convergencia” de los regímenes de seguridad que hay actualmente -y que disponen de distintos criterios de jubilación-, de modo de ir hacia un sistema más homogéneo y equitativo.
El presidente del directorio del Partido Nacional subrayó, a su turno, el incremento de las jubilaciones más bajas que plantea el anteproyecto. “Para nosotros esto va por el lado de la solidaridad”, dijo Iturralde en ese sentido, que agregó que “todos los mayores de 70 años van a tener una retribución muy importante”.
Para defender la noción de que el futuro régimen es “mucho más justo que el vigente”, el nacionalista también mencionó otras novedades, como la generalización de un “sistema a través del cual las mujeres, por cada hijo que tengan, van a poder computar un año más” de trabajo en su carrera jubilatoria.
En reserva
Lacalle Pou fue asimismo enfático con sus socios con un pedido puntual: que el texto del anteproyecto no se dé a conocer hasta tanto no tenga un encuentro con el presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, porque también es un objetivo del mandatario que la reforma logre un consenso político.
Además, volvió a pedir máximos esfuerzos para acompañar la “convicción” de que la reforma tiene que sí o sí salir adelante, aunque los efectos comiencen a visualizarse en el siguiente gobierno, para manifestar sus cambios plenamente recién en la administración que comenzará en 2030. “Estamos dispuestos a hacer lo que hay que hacer, porque es un compromiso con las siguientes generaciones”, señaló uno de los consultados.
Lacalle visitará al líder del FA
El presidente de la República le entregará mañana al presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, el anteproyecto que el Poder Ejecutivo planea enviar al Parlamento. El mandatario acudirá a la sede opositora acompañado por Rodolfo Saldain, quien presidió la Comisión de Expertos en Seguridad Social (CESS) que realizó el estudio previo al actual anteproyecto de ley. Se espera que además de Pereira, Luis Lacalle Pou sea recibido por Verónica Piñeiro y Daniel Mariño, vicepresidenta y secretario político del partido de la oposición. Pereira dejó claro de antemano que la izquierda cree que debe haber un reforma en seguridad social, “siempre y cuando no recaiga sobre los sectores más débiles de la sociedad”. Además, pidió que se comience por la caja militar. “Quizá tienen la audacia de transformar una caja que da el mismo déficit que todo el Banco de Provisión Social (BPS)”, señaló Pereira.
Claves de la reforma
Aumento de la edad de jubilación
El corazón de la reforma consiste en el aumento de la edad de retiro de los 60 a los 65 años. Este objetivo ha sido planteado siempre que el tema se puso arriba de la mesa, porque el problema central que sufre todo el sistema previsional uruguayo es la falta de sustentabilidad a mediano plazo. Es que en la medida en que la baja natalidad es un problema que se ha agravado en el último tiempo, y que la esperanza de vida tiende al aumento, los ingresos del sistema quedan desfasados de los egresos.
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Transición gradual y paulatina
Que los efectos de la reforma no se van a manifestar de un día para otro es uno de los aspectos que distintos actores del sistema político han transmitido en los últimos días. Toda la transformación tendrá un período de transición de aproximadamente 20 años, y la norma en sí recién entrará en vigencia a los cinco años de aprobada la ley. Las personas que comenzarán a sentir en forma paulatina algunos de los cambios -como la propia edad de retiro- son aquellas nacidas en 1967.
Sin efectos en pensiones actuales
La reforma de este sistema es un desafío para cualquier gobierno, porque la iniciativa tiende a ser malinterpretada por la sociedad. Por eso es que han surgido voces, como la del senador nacionalista Jorge Gandini, que han planteado la posibilidad de no votar este proyecto si la oposición no acompaña. El desafío para el gobierno, decidido a llevarla adelante, estará en la comunicación. Es en ese sentido, entonces, que se subraya que ningún jubilado próximo a retirarse se verá afectado por la iniciativa.
Hacia una equidad entre cajas
Otro de los planteos claves de la reforma tienen que ver con la convergencia entre todas las cajas que tiene el sistema, como la militar, bancaria, notarial y profesional. Todas ellas tienen diferentes criterios para definir las jubilaciones en función de los aportes y el tiempo de actividad de los trabajadores, algo que configura un problema de inequidad a juicio del gobierno. Por eso, uno de los aspectos de esta transformación tiene que ver con la homogeneización de las características de todos los retiros.
Fuente: El País
