La ley n.° 19.973 fomenta el acceso a actividades laborales remuneradas de jóvenes de entre 15 y 29 años, mayores de 45 años y personas con discapacidad.
La reunión se concretó este miércoles 3 en la Oficina de la Dirección Nacional de Coordinación en el Interior de esa ciudad balnearia, ubicada en el departamento de Canelones. Acompañaron a Mieres los directores nacionales de Empleo, Daniel Pérez; y de Coordinación en el Interior, Andrés Prati; y el subdirector nacional de Empleo, Herbert Pintos.
El principal objetivo del encuentro, al que asistieron representantes del sector empresarial de la zona de Atlántida, fue informar y responder consultas referentes a la Ley de Promoción del Empleo.
La norma es una iniciativa del Ministerio de Trabajo aprobada en el Parlamento por unanimidad, explicó Mieres, en diálogo con Comunicación Presidencial. Recordó que está en “plena aplicación” y, por eso, consideró necesario que tanto empleadores como trabajadores conozcan su contenido, características, beneficios y requisitos. En ese sentido, las autoridades iniciaron un proceso de diálogo con representantes empresariales en diferentes localidades.
Asimismo, Mieres resaltó que el diálogo directo permite a los empleadores conocer los mecanismos a su disposición y que el trámite para acceder a beneficios no es “engorroso” o burocrático. Además, aclaró que el amparo a esta norma no está vinculado a acciones de control o de inspecciones posteriores, y que la secretaría estatal trabaja para que el ingreso de trabajadores mediante este mecanismo no supere los cinco días hábiles.
El ministro valoró el número de casos de personas que ingresaron al mercado laboral gracias a esta modalidad y se mostró confiado en incrementarlo. Informó que la cartera puede subsidiar hasta unos 8.000 puestos por año y que los jóvenes son el grupo de la población más beneficiado con esta iniciativa.
La ley n°. 19.973 fue promulgada en agosto de 2021 y establece la regulación de políticas activas de empleo dirigidas a favorecer el acceso a actividades laborales remuneradas a los jóvenes de entre 15 y 29 años, mayores de 45 años, y personas en situación de discapacidad. Además, hace énfasis en facilitar el ingreso o la reinserción en el mercado laboral de estos grupos, y promover su capacitación y formación profesional.
