Luego de dos años de incertidumbre tras la entrega de una orden de desalojo, las 15 familias que viven en los predios ubicados en los alrededores del Palacio Legislativo, en las calles Ramón Escobar y Francisco Acuña de Figueroa, y que son consideradas “ocupantes ilegales”, serán realojadas.
Luego de dos años de incertidumbre tras la entrega de una orden de desalojo, las 15 familias que viven en los predios ubicados en los alrededores del Palacio Legislativo, en las calles Ramón Escobar y Francisco Acuña de Figueroa, y que son consideradas “ocupantes ilegales”, serán realojadas.Fuentes parlamentarias indicaron a Montevideo Portal que “nadie quedará en la calle”. En este sentido, explicaron que el juicio de desalojo quedó en pausa por una decisión de la Comisión de Vivienda de Diputados para comenzar a trabajar en una solución de vivienda para las familias.
“El Mides (Ministerio de Desarrollo Social) va a encargarse de hacer una especie de censo para conocer la situación de cada familia y así poder empezar a trabajar en el realojo. De igual manera, es algo que va a demorar”, expresaron las fuentes consultadas.
“Estamos esperanzados y ansiosos”
Cynthia Álvarez, integrante de la Unión de Vecinos Desalojados por el Palacio Legislativo, expresó a Montevideo Portal que están “muy esperanzados y ansiosos”. “Cuando recibimos la noticia quedamos súper contentos y atentos a todo lo que tengamos que presentar”, agregó.
Entre las personas que viven en el predio hay familias numerosas, personas octogenarias, con discapacidades, niños y madres solteras.
Un proceso lento
La orden de desalojo fue emitida en octubre de 2021 en el marco del embellecimiento del Palacio Legislativo por sus 100 años. El tema llegó a oídos de la exdiputada del Frente Amplio Susana Andrade, que lo acercó a su fuerza política. Luego, fue el legislador del mismo partido Felipe Carballo quien lo trasladó a la bancada y posteriormente a la Comisión de Vivienda de Diputados.
Los vecinos, junto con su abogado Mauricio Vázquez (que trabaja de forma honoraria), comparecieron ante la comisión el 6 de octubre de 2021. De allí se fueron “satisfechos”. “Fue un buen recibimiento, nos sentimos muy escuchados”, afirmó Álvarez a Montevideo Portal en aquella ocasión.
“Desde el punto de vista jurídico se nos dijo que el Parlamento, como propietario de esas viviendas, tiene que garantizarle a la población que como parte del patrimonio nacional las utilice el patrimonio nacional, por lo que nos confirmaron que van a hacer los desalojos”, dijo Vázquez a Montevideo Portal.
El abogado sostuvo que los pasos a seguir iban a ser “buscar una solución humana”. “El Parlamento es articulador, no designa viviendas, pero se comprometieron a hacer de interlocutores con la Intendencia de Montevideo y el Ministerio de Vivienda para lograr una solución para todos”, comentó.
Lo cierto es que la respuesta nunca llegó y, de ahí en más, el tema se quedó “muy quieto”. Hoy, a casi dos años, el panorama cambió y todo apunta a que la solución está cada vez más cerca.
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