El curul del Partido Colorado, Dr. Daniel Lerena, presentó en la Junta Departamental de Durazno un planteamiento para solucionar el problema de los deudores del Banco Hipotecario del Uruguay, que afecta a más de 22.000 familias y deudores en todo el país.
Durante la Media Hora Previa del legislativo Lerena abordó el tema de los deudores del Banco Hipotecario del Uruguay. El reclamo ha sido llevado adelante por algunos ciudadanos y componen un grupo de "más de 22.000 familias y deudores, que si tenemos en cuenta el núcleo familiar, son más de 100.000 afectados por este tema", indicó.El edil mencionó el caso de una familia de Durazno que, después de 36 años de haber pagado la vivienda en forma ininterrumpida, tuvo que firmar un compromiso por diez años más y por un monto importante de dinero. "Esto se debe a la ley 13.728, en el artículo 35, en redacción dada por la ley 19.588, artículo 1, aprobada en el año 2017, que establece que los plazos de amortización de los préstamos otorgados por el Fondo Nacional de Vivienda serán hasta 25 años, pudiendo prorrogarse por causa de excepcionales a criterio de la Administración hasta un máximo de 35 años", ilustró.
Lerena subrayó que estos plazos exceden largamente lo que las familias pueden pagar, lo que ha generado una serie de perjuicios e incluso la pérdida de viviendas. Además, señaló que la solución no es fácil, pero es necesaria y obligatoria, ya que fue el Estado, a través de la ley 18.126, la causante grande de desequilibrio en las familias que confiaron en el Estado para obtener la vivienda.
Por lo tanto, propuso buscar una solución definitiva a esta problemática, que afecta a tantas familias de Durazno y de todo el país, reiteró el legislador colorado, el jueves 27 de abril en la JDD.
"El Banco Hipotecario y la Agencia Nacional de Vivienda tienen un fin social, no mercantil, y debe ser su finalidad proteger y velar por el derecho humano fundamental como es el derecho a la vivienda, consagrado en la Constitución, artículo 45", lanzó, y luego sumó "la ley propende a asegurar la vivienda higiénica y económica, facilitando su adquisición y estimulando la inversión de capitales privados para ese fin".
El planteamiento busca una solución definitiva para los deudores del Banco Hipotecario del Uruguay, que ha generado perjuicios e incluso la pérdida de viviendas para muchas familias. La iniciativa, que no explica cómo se hará, pretende "proteger y velar por el derecho humano fundamental como es el derecho a la vivienda, consagrado en la Constitución".
