El piloto del Proyecto de Inclusión Asistida (PIA), implementado por el Ministerio de Desarrollo Social (Mides), está dirigido a egresados penitenciarios de la unidad n.º 4 del Instituto Nacional de Rehabilitación (INR). Su objetivo es disminuir la reincidencia, a través de apoyo técnico, personalizado y económico. El presidente de la República, Luis Lacalle Pou, participó, este jueves 30, en la presentación de la iniciativa.
Concurrieron también a la actividad el secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado; los ministros de Desarrollo Social, Martín Lema; Interior, Nicolás Martinelli, y Trabajo, Pablo Mieres; los subsecretarios de Transporte y Obras Públicas, Juan José Olaizola; Interior, Pablo Abdala, y Desarrollo Social, Andrea Brugman, y el comisionado parlamentario penitenciario, Juan Miguel Petit.Las carteras de Desarrollo Social e Interior implementarán, desde el 1.º de diciembre, el piloto del PIA, dirigido a los egresados de la unidad n.º 4 del INR. Los objetivos de la iniciativa son reducir la reincidencia, prevenir situaciones de pernocte a la intemperie y reforzar la vinculación con el Mides para acompañar los procesos de reinserción social. En ese sentido, la Dirección Nacional de Apoyo al Liberado (Dinali) asistirá a los participantes y les ofrecerá el acceso a diferentes prestaciones de la citada secretaría de Estado.
Tras firmar la excarcelación, los integrantes del proyecto accederán a una tarjeta Uruguay Social (TUS) con 1.640 pesos mensuales por 6 meses. También obtendrán boletos interdepartamentales en caso de que residan en el interior del país o una tarjeta STM con 400 pesos por mes si viven en el área metropolitana.
Asimismo, se les brindará una guía de recursos del Mides con una breve descripción de los programas que les pueden resultar de utilidad, que incluye un listado de refugios, programas de alimentación, trabajo, educación, tratamiento de adicciones y salud mental.
Lema subrayó, entre los principales fines del PIA, la reducción de la reincidencia y la prevención de situaciones de calle. Además, informó que, según datos del Ministerio del Interior, en Uruguay hay un 70% de reiteración de delitos y, entre las personas en situación de calle, un 53% declararon que en algún momento estuvieron privadas de libertad.
Agregó que, en promedio, egresan del sistema penitenciario 26 personas por día, y se proyecta que en 2023 recuperarán la libertad 2.555 más que en 2019. “Tenemos que generar acciones nuevas”, aseguró. También indicó que se medirá el impacto del proyecto en 7 meses y, en caso de que resulte positivo, se extenderá al resto de quienes recuperen la libertad.
“Van a tener apoyo emocional, buscando revincular con su familia de origen, y, si tienen problemas de adicciones, acceder al tratamiento correspondiente”, expresó Lema. Los beneficiarios serán seleccionados por sorteo y se les asignará comedor, centro de resguardo, tarjeta social, recursos para traslados, asistencia legal; también estarán incluidos en los programas de formación y oportunidades laborales de la cartera, según detalló el ministro. Añadió que, de los primeros 56 participantes seleccionados, 52 no tenían documento de identidad, situación que fue regularizada por la Dirección Nacional de Identificación Civil. “Estamos hablando de casos de muchísima exclusión, por eso buscamos revertir esa situación”, explicó.
Martinelli indicó que la concreción del proyecto es el resultado del trabajo de coordinación entre los ministerios de Interior y Desarrollo Social y el comisionado parlamentario. También reveló que, por primera vez en muchos años, instituciones referentes en la temática del delito trabajaron juntas para derribar barreras.
Asimismo, señaló que la labor interministerial se basa en uno de los objetivos del Gobierno: la reducción del delito a través del enfoque dual. “Nos permite atacar las causas y realizar un seguimiento profesional para evitar las reincidencias”, afirmó.
En ese contexto, informó que el PIA está dirigido, en la etapa piloto, a 500 personas que dejarán el sistema y que se busca reducir la repetición de las faltas y acompañar la reinserción de los internos en la sociedad. “Prevenir la reincidencia en el delito es cuidar a todos los habitantes del país”, consideró.
El jerarca destacó el impulso de la educación y la formación en espacios universitarios que permiten a los internos estudiar y aprender un oficio para que logren oportunidades al egresar. Al respecto, anunció que próximamente se firmará un convenio que permitirá que, por primera vez en la historia, la Dirección General de Educación Técnico Profesional (DGETP-UTU) disponga de una oficina dentro del establecimiento penitenciario.
“Nuestro compromiso es que cuando salgan de las cárceles cuenten con las herramientas para volver a empezar y entiendan que con esfuerzo se puede salir adelante”, concluyó. IR A PORTADA
