La Confederación de Organizaciones de Funcionarios del Estado (COFE) resolvió un paro de 24 horas. El mismo tendrá lugar el jueves 18 de abril, con movilización, "por los cambios en el régimen de licencias médicas que se pusieron en práctica desde el lunes 1 de abril".
A nivel local, desde la Comisión Interna Gremial del Hospital 'Dr. Emilio Penza', invitan a los trabajadores a adherir. La presidenta de la comisión duraznense, Sonia Ramírez, dijo a DURAZNO DIGITAL que, si bien convocan a sumarse, no está previsto que concurran a la movilización y concentración que se llevará a cabo en Montevideo, frente al MEF.Vale recordar que a mediados de marzo, la organización de sindicatos estatales anunció que iniciaría un plan de acción y adelantó que estudia la presentación de un recurso administrativo contra el instructivo. Asimismo, el equipo jurídico de COFE analiza el inicio de una acción de inconstitucionalidad, al tiempo que se realizará una denuncia ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
Información del sitio del PitCnt
El vicepresidente del PIT-CNT y secretario general de COFE, José Lorenzo López, junto con la secretaria de Salud Laboral y Seguridad Social de COFE, Carolina Arcuri, en diálogo con el Portal del PIT-CNT, se refirieron a los detalles del paro y de la movilización, los que fueron aprobados por unanimidad en la asamblea nacional de delegados de COFE en respuesta al nuevo régimen de certificaciones médicas.
López expresó que en primera instancia COFE decidió recurrir a la vía legal, a través de la presentación ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo de un “recurso de nulidad” contra la reglamentación de la Ley de certificaciones médicas y su aplicación, tanto en la administración central como en los servicios descentralizados, empresas públicas y el Poder Judicial. Posteriormente, se extenderá a otros organismos que poseen autonomía, como la enseñanza y otras empresas públicas.
También se resolvió avanzar en un "recurso de inconstitucionalidad" por dos temas esenciales: uno recomendado por el constitucionalista Daniel Ochs, que indica que la iniciativa del gobierno "viola el principio de igualdad y de proporcionalidad", y otro informe elaborado por los juristas asesores de COFE, Juan Raúl Williman y Daniel Parrilla, quienes plantean que con la aplicación de la normativa terminará existiendo una rebaja salarial, lo cual va en contra de la protección constitucional del salario.
Además, COFE ha decidido presentar una reclamación ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y analizar la posibilidad de que las licencias médicas en el sector público puedan ser debatidas durante la Conferencia Internacional anual que se llevará a cabo en junio próximo.
López agregó que, por otro lado, están las medidas gremiales que COFE ha definido. En tal sentido, mencionó que el próximo 18 de abril se llevará a cabo un paro general de 24 horas en todo el país, al que se sumarán otros sindicatos como la Federación Nacional de Profesores de Enseñanza Secundaria (FENAPES), seguido por una movilización hacia el Ministerio de Economía y Finanzas a las 10 de la mañana.
“Es necesario el compromiso y la participación de los compañeros de los diferentes sindicatos, porque es un tema que no se puede pasar por alto. Claramente, el Poder Ejecutivo está llevando a cabo un ataque contra los funcionarios públicos, y no es casual que lo hagan en este año electoral. Tiene una intencionalidad, ya que el cálculo político que realiza el gobierno es que castigar a los funcionarios públicos les beneficiará electoralmente, por lo tanto, están acelerando el proceso. No podemos permitir que esta situación pase desapercibida”, dijo López.
Agregó que COFE "rechaza la ausencia de negociación colectiva" y que el nuevo sistema de licencias médicas representa una situación de injusticia, ya que "no resolverá el problema que el gobierno afirma querer solucionar", que son los presuntos abusos que existen en los organismos públicos. “Hemos dicho claramente, y lo reiteramos, que estaremos del lado del gobierno para buscar a aquellos trabajadores que estafan al Estado y también perjudican a sus compañeros de trabajo. No tenemos problemas en identificar a esos trabajadores y eliminarlos del Estado. Sin embargo, esta propuesta no soluciona ese problema. Los pocos casos de abuso de licencias médicas que se han detectado en el sector público, donde los mismos trabajadores que estaban seguían trabajando en el sector privado pero faltaban al público, representan una estafa. En realidad, estos funcionarios seguirán trabajando en el Estado porque esta ley no aborda eficazmente ese problema”, comentó.
López agregó que, sin embargo, el Poder Ejecutivo realiza una “tabla rasa”, castigando al trabajador que tiene excelentes calificaciones por parte de sus directores, nunca falta, pero un día tiene la mala suerte de enfermarse. En este caso, se le descuenta el 25% del sueldo a partir del décimo día de enfermedad, con el agravante de que si cobra presentismo, enfrentará una doble sanción.
Añadió que existe otra agravante llamativa: en el Poder Judicial se aplicará el nuevo régimen de licencias médicas a los funcionarios comunes, pero no a los magistrados. En las fiscalías, se aplicará a los administrativos y al personal de servicios, pero no a los fiscales. Además, ningún cargo político, ni del Poder Ejecutivo ni del Poder Legislativo, estará sujeto a este régimen.
Por otro lado, López cuestionó al director de la Oficina Nacional de Servicio Civil, Ariel Sánchez, quien ha afirmado que los temas de salud no son objeto de negociación colectiva. Ante esto, el dirigente sindical recordó que el artículo 4, literal A de la Ley 18.508, que regula la negociación colectiva en el sector público, establece como uno de sus objetivos propender a alcanzar acuerdos que regulen las condiciones de trabajo, la salud y la higiene laboral. “Es decir, son temas que están expresamente incluidos en la negociación colectiva”.
“Escuchar a un integrante del Ejecutivo decir lo contrario es realmente un desconocimiento brutal por parte de los actores del gobierno”, sentenció.
López señaló también que COFE pretende que “todos los trabajadores a los que representan, ya sean militantes, votantes o adherentes de diferentes partidos políticos, incluso de la propia coalición de gobierno, tengan en cuenta que el Ejecutivo entiende que esto le genera un rédito político electoral y que le hagan sentir su descontento a la hora de votar”.
“El gobierno ha desconocido la negociación colectiva en el sector público, a pesar de los avances logrados en algunos convenios que han sido producto de la movilización. Ha sido limitado lo que se ha progresado en estos cuatro años, ya que nunca nos han regalado nada”, remarcó.
Actitud rechazable del gobierno
Por su parte, Carolina Arcuri dijo que “el Estado, en su rol de patrón o empleador, es un absoluto incumplidor de todas las normas que protegen los derechos laborales y, en particular, todas aquellas relacionadas con la seguridad y la salud en el trabajo”.
“Tenemos el diagnóstico de que en muchísimos lugares se han tenido que realizar denuncias ante la Inspección Nacional del Trabajo por las condiciones en las que se realizan las tareas. Uruguay es visto en el mundo como un país que tiene una profusa y robusta normativa para proteger los derechos laborales, incluyendo los convenios internacionales del trabajo; sin embargo, a la hora de aplicarla, con los trabajadores estatales, en su rol de empleador, el Estado incumple todos los días”, cuestionó.
Arcuri añadió que ha existido el compromiso del gobierno de instalar las comisiones bipartitas de Seguridad y Salud en el trabajo, pero esto no se ha cumplido. “Hubo diferentes instancias donde COFE planteó la necesidad de que el gobierno cumpla con la integración y puesta en funcionamiento de los servicios de prevención y salud que tienen la tarea de diagnosticar cuáles son los riesgos a los que están expuestos los trabajadores, por las características de sus tareas, y cuál es el plan de prevención que se tiene que desarrollar, y eso tampoco se cumple”, denunció.
Agregó que, en cambio, se “penaliza” a los funcionarios públicos cuando más lo necesitan, es decir, cuando contraen alguna enfermedad.
La dirigente sindical añadió que, por otro lado, el Estado no tiene claro cuál es el motivo de la ausencia laboral por certificación médica. “Esto da muestras del incumplimiento enorme sobre el seguimiento de la salud y protección de los trabajadores; sin embargo, a priori presume que existe un abuso. El accionar del gobierno con los trabajadores es absolutamente rechazable desde todo punto de vista y desde la normativa del derecho laboral”.
“Sin dudas, esta postura del gobierno es para obtener rédito político. A nosotros nos asiste la razón, porque el Estado es el empleador de los funcionarios estatales y debe cumplir con la normativa, pero la está violentando. Desde el punto de vista jurídico, de los convenios internacionales y las acciones ante la OIT, sin dudas que nos asiste la razón. Después, hay que luchar, salir a reclamar como es la historia del movimiento sindical. Esto no son privilegios, sino derechos, porque estamos hablando de la salud. Todos debemos estar en la movilización para revertir esta situación inadmisible, donde se nos descuenta cuando más lo necesitamos. Reclamemos del Estado condiciones dignas de trabajo y que cumpla con la reglamentación vigente”, sentenció.
