Paula Gutiérrez, representante del Frente Amplio en la Junta Departamental de Durazno, llamó la atención sobre la situación de precariedad en la que trabajan los clasificadores de residuos en el vertedero municipal.
Durante su intervención el jueves 31 de octubre, Gutiérrez denunció la falta de condiciones saludables y seguras para quienes trabajan en el reciclaje de materiales, destacando la ausencia de garantías para proteger su integridad física y su acceso a derechos laborales.Gutiérrez hizo hincapié en la necesidad de que se implemente la Ley de Gestión Integral de Residuos, aprobada en octubre de 2019, la cual permite a las juntas departamentales reglamentar e instrumentar el marco normativo en sus respectivos territorios. La ley, que incluye disposiciones específicas para formalizar el trabajo de los clasificadores, busca brindar seguridad y condiciones laborales dignas para este sector históricamente relegado.
La curul también expuso las dificultades económicas que enfrentan los clasificadores en Durazno debido a los bajos precios que perciben por los materiales recolectados. Citó, por ejemplo, que el cobre se vende a 200 pesos el kilo, el aluminio a 20, el acero a 11, la batería a 10, las botellas a 5 pesos, el cartón y el nylon a 1.50 pesos, papel 0,50, pomos 3 pesos. Estas cifras contrastan significativamente con los precios obtenidos por clasificadores organizados en Montevideo, quienes, gracias a su trabajo sindical en la Unión de Clasificadores de Residuos Urbanos Sólidos (UCRUS), han logrado mejores tarifas: botellas plásticas a 14 pesos, blancas 17, verdes 12, cartón a 5 pesos, nylon a 3 pesos, papel blanco 5 pesos.
Gutiérrez insistió en que es imperativo avanzar en la formalización y dignificación del trabajo de los clasificadores de residuos sólidos urbanos en Durazno, solicitando que se tomen las medidas legales necesarias para mejorar las condiciones laborales y de vida de estos trabajadores.
