El Segundo Censo Nacional de Personas Privadas de Libertad comenzó esta semana (la del 27 de enero), gracias a un contrato firmado en octubre de 2024 entre el Ministerio del Interior -a través del Programa Integral de Seguridad Ciudadana II- y la Asociación Pro Fundación para las Ciencias Sociales.
A 15 años de la realización del Primer Censo de Población Reclusa (2010), se consideró imprescindible llevar a cabo una nueva edición del Censo Nacional de Personas Privadas de Libertad para disponer de datos precisos y confiables para caracterizar a esta población, así como también identificar sus necesidades en relación con las intervenciones penitenciarias.En ese período de tiempo, han tenido lugar notorias modificaciones en el sistema penitenciario, tanto a nivel institucional como programático, asegura el MIN en su sitio. Se han construido nuevas unidades de rehabilitación al tiempo que se han producido importantes cambios en la población privada de libertad en términos de volumen (de 8.775 en 2010 a 16.124 en 2024) y en relación a sus perfiles poblacionales.
Todo ello amerita la realización de un nuevo censo, que tiene como objetivo general generar información precisa y actual acerca de las características básicas de la población privada de libertad y de las condiciones de su reclusión, que permitan orientar mejor las decisiones de política pública penitenciaria, así como el conocimiento académico acerca de la temática.
A su vez, los objetivos específicos del censo son relevar información válida y confiable acerca de las características y condiciones de vida de la población privada de libertad; procesar estadísticamente dicha información y analizarla desde una perspectiva de derechos humanos y género; potenciar el desarrollo del Sistema de Gestión Carcelaria (SGC); y contar con información actualizada para el diseño de políticas penitenciarias y postpenitenciarias.
El trabajo de campo llevará 2 meses, con un equipo de 25 censistas que trabajarán en todas las unidades de rehabilitación del país.
El censo se divide en varios componentes, algunos de los cuales ya fueron relevados en el censo de 2010, lo que va a permitir tener comparabilidad entre ambos. Sin embargo, también se relevan nuevos datos, como las condiciones de vida carcelaria, el trato penitenciario, la convivencia, el acceso a programas de trato y tratamiento, el hogar fuera de la unidad, la situación de discapacidad y las mujeres que están recluidas con hijos.
Es importante destacar que toda la información relevada es confidencial y no influirá de manera alguna sobre las personas privadas de libertad que contesten al censo, sino que se generará información estadística que permita detectar situaciones y generar políticas públicas a mediano y largo plazo.
La información relevada también va a servir para actualizar el Sistema de Gestión Carcelario (SGC) con datos sociodemográficos, incluyendo datos de ascendencia étnico – racial y condición o no de discapacidad. A su vez, se buscará generar un formulario que permita relevar estas mismas características para quienes ingresen al sistema penitenciario, teniendo así una base de datos de las más completa y actualizada.
Para este censo se seleccionó a un equipo técnico de los Departamentos de Sociología y de la Unidad Multidisciplinaria de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República (Udelar), quienes tienen una vasta experiencia en este tipo de relevamientos y que también fueron responsables del Primer Censo de Reclusos realizado en el año 2010.
