El pasado mes de diciembre tuvo lugar el seminario “Judicialización de la medicina en Uruguay: desafíos y perspectivas” en la sala Michelángelo del Hotel Cala di Volpe. El evento fue organizado por el Ministerio de Salud Pública (MSP) y el Fondo Nacional de Recursos (FNR), con el apoyo de la Organización Panamericana de la Salud (OPS).
La actividad reunió a destacados miembros del ámbito de la salud, el derecho y la política pública para discutir los complejos desafíos relacionados con la judicialización de la medicina que enfrenta el sistema sanitario del Uruguay.La judicialización de la medicina se ha convertido en un fenómeno que impacta significativamente, no solo en nuestro sistema de salud, sino en la sostenibilidad de los sistemas de salud de América Latina. Este seminario buscó crear un espacio para comprender mejor sus implicancias, compartir experiencias y reflexionar sobre posibles caminos para enfrentar los desafíos que plantea.
El objetivo de este seminario fue generar un espacio de diálogo e intercambio que permita analizar los desafíos y oportunidades que plantea la judicialización de la medicina en Uruguay, así como explorar soluciones desde diferentes perspectivas institucionales, legales y sociales.
La ministra de Salud Pública, Karina Rando, inauguró el seminario destacando la importancia del diálogo entre los diferentes actores involucrados en la salud para encontrar soluciones que garanticen el acceso equitativo y la calidad en los servicios médicos. La ministra expresó que el 62 % del presupuesto del ministerio se destina a juicios de amparo y que este año finalizará con 2000 juicios contra el Ministerio, 400 más que en 2023, cuando se registraron 1610. Esta tendencia preocupa al sistema sanitario.
Rando profundizó en el concepto de ética sanitaria, que implica “equilibrar la justicia distributiva de los recursos en salud con lo que es la atención de las necesidades individuales”, y apuntó que “la judicialización de la medicina tensiona ese equilibrio”. Asimismo, subrayó que no es un problema solo de Uruguay, que es regional y global. Este mecanismo de acceso “debilita a la medicina basada en evidencia, como pilar de la asignación nacional de recursos”, debido a que “existe el riesgo de que al priorizar demandas individuales sin respaldo sólido, el sistema sanitario termine financiando tratamientos de dudoso beneficio, con dineros que estaban destinados a tratamientos altamente costo-efectivos, generando así un alto costo de oportunidad”. No obstante, dijo que aunque parece algo difícil de abordar, existen estrategias para equilibrar estas tensiones.
El Dr. Augusto Rocca, por su parte, presentó el marco institucional desde la División Jurídica del MSP; a la vez que la Dra. Beatriz Venturini Camejo, ministra del Tribunal de Apelaciones en lo Civil de Primer Turno del Poder Judicial, presentó la mirada del área judicial, reflexionando sobre el rol del juez en procesos sobre práctica médica. La Cra. María Ana Porcelli, directora general del FNR, brindó datos sobre los recursos financieros y el impacto judicial en tratamientos de alto costo, subrayando que cualquier asignación de recursos tiene un costo de oportunidad.
Las mesas trataron sobre los siguientes temas: “Impacto de la judicialización en la formulación y ejecución de políticas públicas”; “Financiamiento, gestión de recursos y acceso a tratamientos”; “Impacto de la judicialización en las políticas de salud: agenda futura” y diversas miradas institucionales y perspectivas sobre la problemática del alto costo y la judicialización en la salud de Uruguay.
Participaron en el seminario y en las diferentes mesas referentes de AETSU; Facultad de Derecho y Facultad de Medicina (Udelar), Facultad de Derecho (CLAEH); Centro de Estudios de Estado y Sociedad (CEDES); AETSU; Ministerio de Economía y Finanzas; Cámara de Especialidades Farmacéuticas y Afines (CEFA); Asociación Civil Ágora; Federación de Prestadores Médicos del Interior (FEPREMI); Colegio Médico del Uruguay; Asociación de Laboratorios Nacionales (ALN) y Alianza de Pacientes Uruguay.
El cierre del seminario estuvo a cargo de José Luis Satdjian, subsecretario de Salud Pública, quien destacó lo realizado desde el Ministerio, los aprendizajes y las acciones que deben tomarse para mejorar el sistema de salud uruguayo, garantizando su sostenibilidad.
Satdjian opina que la judicialización de los juicios de amparo perfora los principios del Sistema Nacional Integrado de Salud (SNIS): equidad, solidaridad, universalidad, etc., y que a la larga es un problema para todos los actores. Y agregó:
“Desde el lado que nos toque, vamos a estar impulsando las mejoras que creamos necesarias, y en el futuro vamos a seguir aportando para mejorar la salud de todos“.
Este seminario muestra el compromiso de los variados actores del sistema sanitario al ofrecer alternativas para resolver este problema, a fin de garantizar un acceso equitativo y de calidad a la salud en Uruguay. IR A PORTADA
