En la sesión del jueves 24 de abril de la Junta Departamental de Durazno, el edil del Frente Amplio, José Rizzo, dio lectura a una carta presentada por Ángel Foriche y Gabriela Acuña, padres y curadora del funcionario municipal N° 11120 de la Intendencia de Durazno, quien tiene discapacidad acreditada desde 2016 por la Comisión Nacional Honoraria de la Discapacidad del Ministerio de Desarrollo Social (MIDES).
En la nota, los firmantes expresan su preocupación por la omisión de la Intendencia al no incluir a su hijo en el reciente proceso de presupuestaciones, a pesar de cumplir con los requisitos del artículo 49 de la Ley N° 18.651, que establece un cupo mínimo del 4% de personas con discapacidad en los organismos públicos. También citan otras normas vulneradas, como la Ley N° 18.418, la Ley N° 17.330 y la propia Constitución de la República, en sus artículos 7, 8, 72 y 332.Los familiares recordaron que, antes de llegar a esta instancia, realizaron gestiones personales ante autoridades de la Intendencia, integrantes de la Asociación de Funcionarios Municipales de Durazno y presentaron en enero de 2025 un recurso administrativo (expediente 2025-86), aún sin respuesta formal. Denunciaron que, pese a reiterados contactos con autoridades de la Comuna duraznense, se les informó que el organismo cuenta con hasta 200 días para responder.
La carta solicita que la situación sea revisada, que Recursos Humanos de la IDD explique los motivos de la exclusión y que se garantice el cumplimiento efectivo de los derechos de las personas con discapacidad, alertando incluso sobre posibles situaciones de abuso de funciones.
